LA CAJA INDEVIDA I

"Les he dicho todo esto

pero pienso que pa´nada

porque a la gente azonzada

no lo curan con consejos;

cuando muere el zorro viejo

queda la zonza preñada"

Del Poema "El Paso de Los Libres" de Arturo Jauretche

1ra Edición - 1934

Antes de abordar el tema quisiera agradecer a quienes me nutrieron de material, y con quienes puede revalorizar el concepto de libertad de pensamiento, de investigación y afrontar esa dificil tarea de "avivar giles", esos entre los que me encontraba, mientras que "los vivos de siempre" se llenan los bolsillos a vociferando por izquierda y facturando con la derecha... Por eso Gracias Señor Asis, Señor Daniel Gatti y al resto del periodismo independiente y honesto que no trafica con desgracia del Pueblo y que por eso sufre los embates de esta Dictadura Populista.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tal como su grandilocuente denominación, se ha convertido en la verdadera “caja recaudadora” del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Dicha cartera maneja un presupuesto del orden de los $ 17.000 millones anuales, (U$S 5.500 millones), que representan $ 46.500 millones diarios (U$S 15 millones).

“El súper ministro”, un poco de historia.

Cuando en “la década infame” (1989 – 1999) se hablaba del súper ministro muchos miraban a Domingo Felipe Cavallo o, al eventualmente, “siempre dispuesto Antonio Erman González. En los tiempos de “la nueva política” de Néstor Kirchner todos los ojos se desplazan hacía el Ministerio de Planificación Federal, una especie de coto ganado a Economía producto de la eterna lucha librada contra Roberto Lavagna.

Al frente de dicha cartera se encuentra, su amigo, el arquitecto Julio Miguel De Vido, DNI 8.186.471. De Vido, quien días atrás se estrechara en un efusivo abrazo con el asesor presidencial “de facto”, Domingo Felipe Cavallo al momento de retirarse del restaurante porteño “La Raya”, viene acompañando a Néstor Kirchner (a) “lupin” o “el lupo” desde sus primeros pasos políticos en Santa Cruz.

Julio De Vido es un bonaerense y santacruceño por adopción, adicto a las plantas y a los pájaros, cuya principal obsesión es la obra pública, los grandes emprendimientos y que como tal, aprendió a hacer del negocio de los ladrillos una verdadera fuente de ingresos para la corona. Su cartera maneja más de 6.000 millones de pesos.

Cuando Kirchner se convirtió por primera vez en Intendente de Río Gallegos, dejó bien en claro que el que mandaba era él para desasosiego de quienes lo impulsaron desde el Frente electoral, conformando el Consejo de Planeamiento, Asesoramiento y Consulta a cargo de su esposa Cristina Fernández y de Julio De Vido, quienes iniciaron la cooptación de cuadros políticos ajenos, un antecedente de la luego denominada transversalidad. Así se hizo de punteros de otras fuerzas políticas que cayeron subyugados a la “nueva política”, ejemplo de ello lo dan el Movimiento de Integración y Desarrollo - MID - con Ramón Granero (a) “el bochi” (ex PAMI y actual Secretario de la SEDRONAR, quien luego colaboraría con el flamante intendente para generar un golpe institucional contra el Gobernador Del Val), Roberto Arizmendi del Partido Intransigente – PI – y con Romero de la Democracia Cristiana – DC -, los que fueron perdiendo peso político. También en ese proceso logró cooptar antiguos enemigos como el Dr. Olaf Aaset (a) “Pilin”, quien lo sufriera como abogado que le embargara el televisor de su casa al amparo de un juicio ejecutivo, consecuencia de la famosa Circular del Banco Central de la República Argentina Nro. 1050 del Ministro de Economía del gobierno militar (1976 / 1983), José Alfredo Martínez de Hoz. Hoy “el pilin”, además de diputado provincial y propietario del restaurante “La Guanaca Azul” (desde donde asesora a empresas vinculadas a las obras públicas), es el abogado del Presidente en causas como la escandalosa privatización de los yacimientos de Río Turbio a manos de Sergio Taselli y la represión ordenada contra “los cacelorazos” de 2002.

Su primera función en la Administración Pública provincial, la llevó a cabo como inspector de obras del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el denominado IDUV.

En 1991 bajo la gobernación de Kirchner, De Vido prestaba servicios en Vialidad Provincial. Por aquellos tiempos se divorció de su primera mujer, madre de su hijo Facundo quien es su actual secretario privado, para contraer nuevo matrimonio con la Dra. Alessandra Minicelli (DNI 16.029.508) hija de un retratista de Río Gallegos. Alessandra Minicelli se había divorciado del Dr. Froment. La Dra. Minicelli se desempeña, actualmente, como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo encargado de ejercer el control de los ministerios, entre ellos el que ocupa su marido, en una más que evidente contraposición de intereses.

Durante ese mismo año Kirchner lo designa Ministro de Economía de Santa Cruz. Desde su puesto, en sintonía con “la política de domesticación” implementada por la administración provincial, maltrataban a los representantes de las corporaciones, que incluía el agravio público y el ejercicio del temor reverencial, del que también fuera victima el propio De Vido. Por esa practica pasaron Techint, Pérez Companc, “los popes” de la minería, los ganaderos y aún los pesqueros, incluyendo a los españoles testaferros de Conarpesa. Pasado el trance y amansados los empresarios se avenían al diálogo, bajo el perverso juego del malo (el Gobernador Kirchner) y el bueno (el Ministro De Vido) quien comprensivamente los atendía, clandestinamente, requiriendo un pacto de reserva ante su jefe político. Sólo se trataba de una parodia, la misma que repiten ahora desde el Gobierno Nacional.

Su accionar al frente del Ministerio de Economía santacruceño se limitaba a cumplir las órdenes del titular del ejecutivo. El presupuesto era delineado por la actual Primera Dama, Senadora por la Provincia de Buenos Aires y ex de la Provincia de Santa Cruz, la Dra. Cristina Fernández (a) “la vampiresa”, junto al actual Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, el cordobés Carlos Zannini (a) “el ñoño”.

Pero no siempre la relación Kirchner – De Vido fue buena. En 1991, con la tropa “disciplinada” como gusta llamar la subordinación incondicional de sus laderos, comienza el proceso de nominación para la candidatura a la intendencia de Río Gallegos. Allí estaba un titubeante Julio De Vido, frente a la movilización – capitaneada por Rudy Ulloa – en el cine Carreras, donde brindó un tibio y nervioso discurso, cosechando ínfimos aplausos, opacados por la profusa silbatina que se le propinaba desde los grupos de choque de Rudy. Al día siguiente, 13 de abril, De Vido homenajeó al boxeador “Locomotora” Castro y nuevamente recibió una abrumadora silbatina, nuevamente, organizada por Ulloa. De esta forma se retiró la candidatura del actual ministro, por impopular, nominando a Manuel “manolo” López Lestón, tío del actual Presidente de la Nación.

Esta tirantez generada lo llevó a De Vido a tildar a Kirchner de autoritario y absolutista. Como resultado de semejante definición recibió como castigo el ostracismo político hasta diciembre del mismo año.

El año 1991 no fue bueno para los santacruceños (el conflicto por los hielos continentales; las privatizaciones y el sistema de reducción de puestos de trabajo comenzó a afectar al sector petrolero y al minero produciendo la emigración de muchas familias tras la fachada de un retiro voluntario, la reducción de personal militar a causa del cierre de destacamentos hizo que las familias de los mismos se alejaran del territorio santacruceño, incluyendo muchos docentes y el punto culminante de la crisis fue la erupción del volcán Hudson que cubrió el 40% del territorio, cobrándose más de 1,5 millones de cabezas de ganado ovino, la icticultura fue afectada, se contaminó el agua y muchas viviendas quedaron destruidas.

Sin embargo este cuadro de situación constituyó el puntapié inicial de la construcción del feudo Kirchner. El Acuerdo de Puerto Deseado celebrado entre las autoridades nacionales y provinciales posibilitó entre otros los siguientes beneficios:

· Reconocimiento y cobro de regalías petroleras mal liquidadas por más de U$S 480 millones.

· Ingreso del 10% de las ventas de las áreas centrales, localizadas en la provincia.

· Compromiso de asignar U$S 32 millones para viviendas.

· Aporte no reintegrable de U$S 10 millones para asistencia a productores agrícolas y ganaderos, así como a los damnificados del Hudson.

· Convenio pre-acuerdo de provincialización de puertos.

· Convenio de pesca.

· Compensación de deudas entre Nación – Provincia y entre el Banco Central y el de la Provincia de Santa Cruz.

Más allá de este beneficioso acuerdo que posibilitó el despegue de Néstor Kirchner, asesorado por Domingo Cavallo, en sus inversiones y manejos de fondos en el exterior, se generaron algunas situaciones irregulares que se pasan a detallar:

Ø El último informe sobre las cuentas públicas presentadas por el Ministro de Economía provincial, Julio de Vido, data de Diciembre de 1991. Con posterioridad no se brindó información a la ciudadanía.

Ø Kirchner coopto a sus principales cuestinadores en materia de finanzas públicas ya que el diputado provincial “chicho” García, asesoraba al bloque oficialista y su adlátere Tussi Peña fue nombrado secretario de Estado de Seguridad.

Ø En el informe De Vido de fines de 1991, la deuda informada era de U$S 380 millones la que se dedujo de los estados contables. U$S 120 millones correspondían a compensación de deudas y créditos Nación – Provincia, quedando saldo a favor de Santa Cruz, los que nunca fueron puestos en conocimiento de la opinión pública.

Ø Existían U$S 100 millones de deuda correspondientes a financiación anticipada de obras públicas, algunas de las cuales tenían vencimiento a los cuatro años.

Ø Las deudas con el Banco Central se condonaban a partir del pre-acuerdo por los efectos de las cenizas del volcán Hudson y en el marco de la negociación global de los fondos por las regalías petroleras.

Ø La restante deuda – con proveedores, prestadores y trabajadores de salud – fue paralizada por la ley de emergencia de Kirchner y cancelada en los dos primeros casos con bonos a 16 años.

Ø La deuda salarial nunca fue reconocida. Los trabajadores, al asumir Kirchner la gobernación cobraban sus salarios en dos cuotas y la primera medida que adoptó el nuevo mandatario provincial fue retenerle el aguinaldo y el sueldo de diciembre, lo que permitió hacer “caja” y avanzar en una estrategia de sumisión de las estructuras y disciplinar los reclamos.

Producto de este virtual “ninguneo” al que era sometido De Vido, decidió sumarse, en la interna, con el sicario chileno, Fernando “Rudy” Ulloa Igor, para iniciar el armado de su propia estructura, sumando en dicha construcción a personajes como Claudio Uberti, al Ingeniero Agrónomo Ricardo Jaime, al Ingeniero José Francisco López y al Ingeniero Nelson Guillermo Periotti, todos ellos actuales funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y sobre los que me explayaré más adelante.

Desde su puesto en Santa Cruz tendió lazos con empresarios de la construcción: la familia Gotti. Luego de desplazarlos de la conducción del grupo y la aparición del testaferro Lázaro Báez, sobre quienes me referiré en el acápite correspondiente.

Julio De Vido no ha mantenido una buena relación con el ex gobernador de Santa Cruz, el renunciado (a partir de una práctica de desestabilización que Kirchner conoce de sus tiempos de abogado de FINSUD y lumpen político) profesor de Instrucción Cívica de Pico Truncado, Don Sergio Acevedo. El ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, se habría negado a aceptar el pago de una coima de 30 millones de dólares, lo que exaspero al Presidente y a su súper ministro. Este, junto con otros hechos menores, tal como la separación del Director de Servicios Públicos, Francisco “el batata” Mansilla (mecánico de profesión y hacedor de asados de campaña), hombre del riñón de Rudy Ulloa Igor quien lo postulara para la Intendencia de Río Gallegos y que perdiera a manos de un radical colmaron los ánimos presidenciales y se decidiera a dejar operar a Francisco “Paco” Larcher (número dos de la SI, pero verdadero factotum del organismo, a cargo del oriundo de Chivilcoy y ex Ministro de Gobierno de Ramón Granero; ex vicepresidente 1ro. de la Cámara de Diputados provincial y gobernador interino en ausencia del precandidato presidencial Néstor Kirchner, el abogado Héctor Icazuriaga (a) “el chango” o “el idóneo”) desacreditando a Acevedo, desde una campaña que hasta llega a utilizar rasgos de su sexualidad (haciéndolo conocer por su paso por la SI como la “Mata Hari”). Mansilla fue recogido por la mano del Ministro De Vido y nombrado como encargado de ENARGAS para la Región Patagónica, bajo la atenta mirada del ex aduanero – Secretario de Control - Contador Fulvio Mario Madaro, un chubutense de cambiante relación con el actual gobernador de esa provincia, Mario Das Neves.

Ahora, el mecánico “batata” Mansilla supervisa la obra del gasoducto de Calafate cuyo presupuesto es de 80 millones de pesos, controlando el vital fluido desde el sur de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Idéntica situación sucede con otro incondicional de Kirchner y Ulloa, el Arquitecto Luis Bontempo, que fuera oportunamente recogido por las generosas manos del Ministro de Planificación en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y vuelve ahora a sus pagos tras la destitución de Acevedo, como Ministro de Economía, aunque todos saben que el verdadero hombre fuerte es el Secretario de Hacienda, Campillo. También cobra importancia la campaña desestabilizadora sustentada por el empresario multimedios, Rudy Ulloa Igor, quien avanzó sobre la figura de Acevedo (cuya reelección parecía un hecho hasta las operaciones mencionadas), quien cosechaba un 54% de imagen positiva.

Dentro del esquema político que presenta el gobierno nacional, De Vido tiene asegurado un lugar en “la mesa chica” a la hora de tomar decisiones, compartido con Larcher y Zaninni, este muy afecto a las mesas del Casino Flotante. La renuncia del Gobernador Sergio Acevedo en Santa Cruz, hace que Néstor Kirchner deba tomar una decisión respecto del futuro político de su tesorero, máxime cuando se enfrenta a un proceso reeleccionista en el 2007. En este sentido, la alternativa de hierro es impulsar a De Vido como candidato a gobernador de su provincia, la convulsionada Santa Cruz (opción no apetecida por De Vido, ya que aspiraba a formar propia tropa en la Ciudad de Buenos Aires, ahora que el “kirchnerismo” no cuenta con referente alguno, por la devaluación de la figura del Jefe de Gabinete Alberto Fernández, perdedor de la última elección legislativa y frustrado defensor del destituido Jefe de Gobierno, su cuñado Aníbal Ibarra) ó continuar el gobierno por control remoto que ejerce con el recientemente designado Carlos “Pavo” Sancho, bajo la atenta y vigilante mirada de Rudy Ulloa Igor.

No cabe duda de la operación llevada adelante por De Vido y Ulloa Igor desencadenó la “renuncia” de Acevedo. El primero es el recaudador que consigue el dinero para “blindar” el poder del oficialismo, mientras el segundo opera en el marco mediático – comunicacional, al punto tal de haber iniciado ya su incursión dentro del conurbano bonaerense, amparado por el desparpajo con que se conceden licencias por parte de la Secretaría de Comunicaciones a cargo de otro ex aduanero el Ingeniero Ceferino Alberto Namuncurá (hombre que se desempeñó en la Aduana de Bariloche y en otras del sur y que tiene importantes nexos con otros administradores de aduanas de la región sur del país relacionadas con la pesca). En este marco situacional, utilizaron a Carlos Sancho, vicegobernador y socio – a la fuerza impuesto por su madre, la Senadora Cristina Fernández - de Maximiliano Kirchner (hijo del primer Mandatario) en negocios inmobiliarios y al ex Director de Rentas provincial, Osvaldo Sanfelice (también cajero de Julio De Vido). Dicho negocio recibe a innumerables “lobbystas” de la construcción de grandes obras, tal como el Gasoducto Cordillerano Santacruceño, con la supervisión de Francisco “batata” Mansilla (hombre de Rudy Ulloa) y cuyo costo orilla los U$S 360 millones. De estas reuniones surgió que la primera parte del gasoducto fue adjudicada en forma directa a la empresa BTU por la suma de U$S 80 millones. BTU es una “off shore”, que aseguran pertenecería al ministro de Planificación Federal, el Arquitecto Julio De Vido y que los caños que se utilizarán fueron fabricados por Siderca con una cotización de U$S 39 millones, los que son pagados por Santa Cruz a través de un fideicomiso que luego “retorna” a la Nación dentro de la ingeniería contable que ejerce la ministra Felisa Miceli.

En la semana previa al alejamiento de Sergio Acevedo de la gobernación de Santa Cruz, se produjeron duros enfrentamientos entre autoridades de Vialidad Nacional y su similar provincial. El tema en cuestión era una diferencia de $ 30 millones (un dudoso saldo) que se habrían encontrado en una auditoria realizada desde la Nación a la provincia. Acevedo oliendo a cierto tufillo de coimas se negó rotundamente a firmar las actas. Allí empezó su debacle y las operaciones desde la Casa Rosada. La realidad de los hechos era que la supuesta auditoria implementada desde la Nación sobre las arcas de vialidad provincial estaba conducida por un grupo de funcionarios que llegaron, con estrictas ordenes del Ministro De Vido, para pagar esos 30 millones de pesos para terminar el proceso licitatorio de las rutas nacionales 3 y 40, cuyo costo fuera denunciado por el Banco Mundial debido a los sobreprecios de dicha obra.

Estos funcionarios nacionales dependientes de De Vido, con la complicidad del actual secretario de hacienda provincial, Juan Manuel Campillo (con antecedentes de vida licenciosa), que llegaron a Santa Cruz para entregar los 30 millones de pesos se encontraron con funcionarios provinciales, leales al Gobernador Acevedo, que no estaban dispuestos a llevar adelante este “negocio”, tal el caso del vicepresidente de vialidad provincial, Héctor Renee Jesús Garro.

Desde Nación se espetaron duras amenazas hacia la provincia sobre la “cartelización” de la obra pública en Santa Cruz. Lo que no se daban cuenta los “funcionarios” nacionales era que se trataba de una autodenuncia.

Para concluir con el análisis e implicancias que tuvieron funcionarios nacionales en la caída de Acevedo, es menester destacar que éste se habría comunicado con el consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, con quien lo une una buena relación desde sus tiempos de Jefe de la SI, Michael Matera a quien le impuso de todos los hechos y las relaciones que motivaron su alejamiento.

Los valijeros del tesorero

En esta categoría aparecen hombres que si bien dependen del Ministro de Planificación Federal, tienen su peso propio dentro del esquema de construcción política de Kirchner, donde los vasos comunicantes son únicamente hacía su persona. En este diagrama de poder aparecen figuras conocidas y otros ignotos, pero todos con el fin último de trabajar para recaudar y armar “la caja”.

q Sergio Tasselli y YCRT

El Ministro De Vido se relaciona directamente con Sergio Tasselli, en cuanto se transforma en un liquidador de empresas. Téngase presente su actuación en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

Pero quien es Sergio Tasselli?. Sergio Tasselli, es un empresario nacido en Italia el 10 de Octubre de 1944, de estado civil divorciado. Es poseedor de un DNI para extranjeros Nro. 93.512.005, CIPF 5.282.426 e inscripto ante el Fisco bajo la CUIT 20-93512005-6. Su domicilio fiscal se encuentra localizado en Rivadavia 770 la ciudad de Formosa, Provincia homónima. También declara domicilio en Arias 1690 de la Capital Federal. Su actividad declarada es la fabricación de maquinaria de uso especial no clasificada. Tuvo como empleador desde noviembre de 2002 hasta diciembre del mismo año a la firma COMERCIAL DEL NEA S.A. (CUIT 30-68826433-9). Registra cheques rechazados de sociedades a las que pertenece (TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A.) por $ 34.290.-

Sus principales participaciones societarias se detallan a continuación:

MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING S.A.
CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.
ELECTROMAC S.A
GRUTAS S.A
ELECTROALIACIONES S.A.
SACIC S.A.
PORTE NORMANDIE S.A
SAN JORGE MAYORISTA S.A
TAS GRUF S.A.
SERTAS S.A.
ELECTROPATAGONIA S.A.
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A
SORRENTO COMERCIAL S.A.
FIVE BROS S.A.
YCRT S.A.
TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A.
TRAINMET SEGUROS S.A
CENTRALES TERMICAS DEL NEA S.A.
TRAINMET SEGUROS S.A.
IATE S.A.
CENTRAL TERMICA DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO S.A.
CUNARD S.A.
CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.
CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL S.A
FINCA LOS ALERCES S.A
ZAPLA HOLDINGS S.A.

A mediados de 1999, Kirchner y sus aliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se unieron al empresario Sergio Taselli, con la intención de “terminar con los zurdos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio”. El 22 de septiembre se celebraban comicios y la Lista Negra impulsada por el riojano Luis Héctor González (a) “angelito negro” (que se negaba sistemáticamente a los ofrecimientos dinerarios) se encontraba en situación óptima para desplazar a los amigos del tandem Kirchner – ATE – Taselli.

Con la finalidad de derrotar a González se comisionó para hacer el trabajo sucio a Julio De Vido, quien “afilió” a 200 militantes del Frente para la Victoria a la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Turbio, con la intencionalidad de achicar ventaja entre la lista Negra y la oficialista Verde. Los “nuevos afiliados” provenían de la empresa de Servicios Públicos del Estado y de los ministerios de Gobierno a cargo del “ñoño” Zaninni y de Economía (De Vido).

Al advertir la maniobra González realizó las impugnaciones correspondientes pero no tuvo eco, razón por la cual se dirigió a los medios y generó que 129 de los 200 “nuevos afiliados” se retiraran de los padrones manejados por el delegado electoral de ATE Santa Cruz, Marcelo Zacarías. Sin embargo la lista negra perdió por un voto y las impugnaciones no se trataron jamás, aún bajo la actual cartera del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La campaña de Kirchner Presidente tenía como promesa electoral la generación de una “súper usina” generadora de energía eléctrica a carbón para garantizar la continuidad de la producción de Río Turbio.

De la grandilocuencia del anuncio a la actual realidad hay un abismo, el proyecto quedo reducido a convertir a Río Turbio en un pueblo turístico cordillerano, sin mina y sin mineros. Todo ello gracias al “efectivo” accionar de Sergio Taselli, el empresario K.

Durante el gobierno del presidente Menem se sancionó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que declaró a Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) sociedad sujeta a privatización o concesión. Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 988 del 7 de mayo de 1993 se dispuso la concesión integral por un plazos de 20 años del complejo carbonífero, ferroviario y portuario. La resolución 567 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación llamó a licitación pública para la concesión por un plazo de 10 años de YCF, con opción a otro período similar, pero el Estado quedaría en poder de la infraestructura, inmuebles, materiales, equipos y muebles de la concesionada. La Resolución ME Nro. 1416 del 25 de noviembre de 1993 dejo sin efecto la licitación por considerar la única propuesta inadmisible económica y financieramente. La Resolución ME 1417 del mismo año concretó un nuevo llamado a licitación nacional e internacional, la que también fue dejada sin efecto por el alto nivel de los subsidios solicitados. En fecha 22 de febrero de 1994 la Subsecretaría de Energía de la Nación declaró desierto el proceso licitatorio de YCF.

Con posterioridad, el consorcio conformado por IATE S.A.; ELEPRINT S.A.; DYOP S.A. y la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA que había solicitado los subsidios que hicieron inviable la Resolución 1417, presentó un recurso jerárquico ante la Comisión Asesora de Privatización, reduciendo el nivel de sus pretensiones.

Los miembros del gobierno consideraban una prioridad el proceso licitatorio, mientras que los trabajadores mineros se manifestaban disconformes con las gestiones en tal sentido. El entonces ministro Domingo Cavallo, mediante Resolución ME Nro. 609 del 5 de mayo de 1994 hizo lugar al recurso incoado por el consorcio referido y preadjudicó YCF a Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A.

Mediante similar acto administrativo de fecha 1ro. de julio de 1994, bajo el número 979/94, adjudicó la concesión integral por 10 años del yacimiento y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos a YCRT S.A.

Con un subsidio de 22,5 millones de dólares anuales, al comando del consorcio el, por entonces “ultramenemista”, Sergio Taselli inicio el proceso de vaciamiento de YCRT S.A., incumpliendo las cláusulas de producción e inversión, hasta que sendas puebladas en Río Turbio y las movilizaciones de sus obreros lo echaron de la empresa en 2002.

Para consumar semejante latrocinio contó con la cooperación de una comisión fiscalizadora que integraba, entre otros, el Ingeniero Daniel Cameron, actual Secretario de Energía del gobierno del Presidente Kirchner, bajo la órbita de su ministro recaudador, el arquitecto Julio De Vido.

Durante la “gestión” Taselli la planta redujo su personal de 1331 empleados a 800. Al inicio contaba con un subsidio de 22,5 millones de dólares, cuando la devolvió tenía un alto nivel de conflictividad laboral que se transmitía a las localidades aledañas de Río Turbio y 28 de Noviembre.

El 1ro. de Mayo de 2002, luego de la caída del gobierno del presidente De la Rúa, Eduardo Duhalde estatizó YCRT , quitándole un peso a su delfín el candidato presidencial Néstor Kirchner y su socio político. Cuentan que Taselli se llevó hasta los tubos de oxigeno y acetileno de la mina, sumiéndola en su más grave crisis.

El informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) demostró que el concesionario Tasselli incumplió las condiciones incurriendo en: falta de inversión, ausencia de cobertura social para empleados, incremento de la jornada laboral, ausencia de seguros por accidentes, falta de inventarios. En el citado reporte se lo tilda bajo el concepto de ser “...una radiografía de lo que puede la alianza de un empresario inescrupuloso y la ausencia de control del Estado...”. Años más tarde el mismo Sergio “inescrupuloso” Tasselli es un de los empresarios mimados de la nueva política, con lo que se puede apreciar la hipocresía del poder y de quienes gobiernan en beneficio propio y no en aras del bien común.

No puede soslayarse que los personajes siguen siendo los mismos, Daniel Cameron, actual Secretario de Energía de la Nación (Administración K), fue integrante de la Comisión Fiscalizadora creada por Resolución 163/95 del Gobierno de Carlos Menem. También se encontraban en el seno de la misma Jorge Rivolta, actual asesor del Ministerio de Panificación Federal de De Vido. Ambos funcionarios omitieron denunciar las irregularidades que tenían a su cargo denunciar por imperio legal contraviniendo el mismo Código Penal de la Nación e incurriendo en violación de los deberes de funcionario público.

A fin de presentar un cuadro completo, cabe agregar lo manifestado por el dirigente sindical de la lista negra de ATE seccional Río Turbio, Luis González, a fines del año 2005 reveló la existencia de irregularidades y sobreprecios (tal como los denunciados por Lavagna en materia de obra pública en su enfrentamiento con De Vido) que involucran a la Intervención de YCRT a cargo de Daniel Peralta, quien fuera confirmado, por el Presidente Kirchner, por un nuevo período de 12 meses.

Los datos que aporta González sobre el proceso encuadrado en el marco de la licitación pública 18/05 referida a la obra de construcción del ramal ferroviario para el transporte del carbón, son más que reveladores:

· Los cálculos oficiales refieren un costo inicial de U$S 62 millones, el que fue elevado posteriormente a U$S 83 millones, tratando de explicar el inusitado aumento, “...porque no hubo ningún oferentes...”. El vocero de tamaña digresión fue Claudio Uberti. El sindicalista señala que el monto no debería superar los U$S 35 millones.

· Lo que se propone en la licitación es un cambio total de las vías. González indica que no es así, sino que la renovación de vías se hace sobre 28 Km. de un ramal que tiene 284 Km. Asimismo, agrega que dentro del pliego están previstas 18 mil soldaduras aluminio – térmicas para unir los rieles, lo que fue cambiado – con posterioridad – a través de una circular donde se menciona que debe entenderse como 83 Km. de soldaduras de rieles. De esos 83 Km., 15 Km. ya habían sido trabajados por los operarios de la ex YCF, es decir que en la oferta se han incluido tramos que ya han sido materia de reparaciones, con lo cual se trata de llevar adelante la licitación de soldaduras sobre 68 Km. y no de 83.

· El proceso licitatorio involucra 7 tramos, el primer tramo entre el kilómetro cero (localizado en el muelle de Río Turbio) hasta Punta Loyola hay 34,7 Km. con 1.415 durmientes por Km. El pliego indica que hay que renovar el 5% de los durmientes lo que da un total de 2650 durmientes. En cada tramo se señala un porcentaje de renovación de entre el 5 y el 15% del total, cuando no la sumatoria de ambos guarismos resultando un total de 41.256 durmientes. En el proceso de licitación lo único que está previsto es renovar los 28 Km. lo que implica un total de 40.800 durmientes nuevos, lo que puede rondar un precio unitario de $ 50 cada uno, lo que multiplicado por 40.000 alcanza la suma de $ 2.000.000.

· Otro punto de cuestionamiento es que hay que utilizar tirafondos (tornillos que sujetan riel al durmiente) en todo el tramo de la línea férrea, cuando en realidad el único tramo que los requiere es de Punta Loyola al Km. 9. El resto de los tramos requieren trabajos parciales que no involucran la utilización de tirafondos sólo en caso de sustituir una vía o descarrilamiento.

· Queda evidenciado, tal como lo expusiera la Oficina Anticorrupción, que la obra pública en la provincia de Santa Cruz carece de informe técnico previo. El único relevamiento realizado fue cumplido (en tres días) por gente Metrovías, actualmente parte del Grupo Techint junto con Benito Roggio.

· Los cálculos de los sindicalistas señalan que comprando rieles nuevos, similares a los utilizados en la Unión Europea, más durmientes nuevos y con una mano de obra de $ 5 millones, el total de la obra demandaría $ 35 millones, cifra por cierto muy dispar a la manejada oficialmente, lo que también demuestra que las licitaciones contienen importantes sobreprecios.

Otra grave irregularidad en que ha incurrido Sergio Tasselli en Río Turbio fue la importación de maquinaria y vehículos importados exentos de derechos aduaneros, toda vez que dicha mercadería tenía como destino ser utilizada en la actividad minera y no en empresas que no se dediquen a este rubro, tal el caso de Electromac S.A.

Los bienes que Tasselli se robo de Río Turbio (camiones, maquinarias, herramientas pesadas, etc.) están siendo utilizadas en las empresas del grupo. La misma metodología de instrumentar una política de despidos en Río Turbio, la utilizó en el Ferrocarril Roca concesionado al Metropolitano. Despidió a los ex empelados de Ferrocarriles A Argentinos y contrató a una empresa denominada Técnica Industrial, con domicilio en Maipú 26, 7mo. Piso, Departamento “C” de Capital Federal para que se hiciera cargo de los servicios de maestranza y seguridad. Obviamente, Técnica Industrial es una empresa del grupo Tasselli.

Los principales acreedores de la quiebra de YCRT son empresas del grupo Tasselli: IATE S.A., MAFINSA S.A., MOLINOS BRUGNNING S.A. y CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.

Como si la actuación de Sergio Tasselli al frente de YCRT no fuera lo suficientemente elocuente para dejar en claro su calidad de empresario prebendario dedicado al vaciamiento de empresas estatales concesionadas, debemos analizar el caso de los servicios ferroviarios urbanos: METROVIAS, EL METROPOLITANO, FERROVIAS y TBA. En ello mucho tiene que ver la figura del Secretario de Transportes, Ricardo Jaime.

A modo de ejemplo, téngase presente el dictado de las Resoluciones 99/2003 (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y 296/2003 (Ministerio de Economía y Producción), acerca del transporte ferroviario. Las mismas benefician concretamente a los concesionarios de las Líneas Mitre y Sarmiento (Grupo de Servicios 1 y 2), Líneas SBASE – Urquiza (Grupo de Servicios 3), Metrovìas S.A., Línea Belgrano Norte (Grupo de Servicio 6) y Ferrovìas S.A.

En este sentido se introdujeron reformas a los decretos vinculados a los estándares salariales del personal de los tres gremios que entienden en la actividad (La Fraternidad: maquinistas; Unión Ferroviaria y Señaleros) cuyos aumentos fueron cargados a rentas generales, es decir al bolsillo de todos los contribuyentes.

Esta decisión fue tomada por Julio De Vido, Ricardo Jaime, Sergio Tasselli y el cuñado del Ministro, Claudio Miniccelli, hermano de Alessandra “Lali” Miniccelli (a) “el mono” (quien se encuentra locando a la denostada familia Meller, una casa en el exclusivo country “Los Lagartos”, titular de la SIGEN. La SIGEN tiene a su cargo controlar a los demás organismos del gobierno, incluido el ministerio de Planificación Federal a cargo de su marido. La incompatibilidad manifiesta no parece resultar óbice para que Néstor Carlos Kirchner la haya confirmado en su puesto, “con la salvedad” de excusarse en auditar a su esposo.

Continuando con esta “cadena de favores” el 24 de Diciembre de 2004, el Gobierno K decreta la emergencia ferroviaria, con la que se beneficia el empresario Sergio Tasselli, otrora menemista acérrimo, con un subsidio de 700 millones de pesos.

El abogado Juan Carlos Iglesias formuló una denuncia contra Sergio Tasselli por la presunta comisión de “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, la que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 6 a cargo del Dr. Rodolfo Canicota Corral. En el cuerpo de la presentación judicial, el letrado solicita “se investigue a Osvaldo Iglesias (directivo de las empresas del Grupo Tasselli), a Sergio Cirigliano y a todos aquellos que en el carácter de coautores o participes hubieran tenido intervención en los hechos motivo de la denuncia”. El objeto de la denuncia fue un informe presentado por el entonces Subsecretario de Transporte Ferroviario, JULIO MONTAÑA, quien planteó a Jaime y al Ministro De Vido, la necesidad de suspender el pago de los subsidios.

Haciendo caso omiso del informe del funcionario citado, Jaime una semana después dio curso a los subsidios. Simultáneamente fue despedido el Coordinador de los inspectores, Pedro Condori, dependiente de Montaña, quien sostuvo que su alejamiento de la función fue producto de su negativa a cambiar el informe que demostraba las claras deficiencias en las que incurrían los concesionarios de los servicios.

Una vez más queda claro la connivencia de los amigos del poder, los empresarios beneficiados de las concesiones con los funcionarios que concesionan los servicios, todo ello a cambio de retornos de los subsidios que le son otorgados.

En su presentación judicial el abogado Iglesias hace mención a que los aportes estatales ascienden a $ 500.000 diarios y que los mismos son pagados a malos funcionarios en su carácter de socios o testaferros.

En otro pasaje de la denuncia se refiere que los concesionarios “…no sólo no realizaron las mejoras de condiciones de seguridad de los servicios comprometidos, sino que en el caso de Transportes Metropolitanos ni siquiera han prestado un porcentaje aceptable del servicio a que se encuentran obligados”.

Las estrategias de manejo de las relaciones con el poder que maneja Tasselli hicieron que oportunamente se alejara de la conducción de METROPOLITANO, su socio, amigo y compañero de ruta política, MARIO MONTOTO (hombre de la mesa de conducción de Montoneros). Alejado Montoto “las relaciones” con el Secretario de Transportes Ricardo Jaime y el Ministro Julio De Vido las comenzó a realizar Oscar Iglesias.

El recambio guarda cierta lógica Montoto era una persona muy allegada al anterior Secretario de Transportes en el interregno del Presidente Duhalde, Guillermo López de Laguna. Con la llegada de Kirchner a la Casa Rosada y el advenimiento de “la pingüinera” a las distintas dependencias del gobierno nacional, fue nombrado el ex presidente del Consejo Provincial de Santa Cruz, Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transportes, con el que Tasselli se entendía por su paso por Río Turbio, lo que posibilitaba una mejora del lobby de la empresa.

La obra pública - José Francisco López y el Contador Galera / Lázaro Báez / Gotti Hnos/.

En materia de obras públicas surge la figura de Lázaro Báez DNI 11.309.991, (ex Director del Banco de la Provincia de Santa Cruz, privatizado a manos de Ezkenazi), en cuanto operador en el grupo GOTTI HNOS., a cambio de una suma de aproximadamente 50.000 pesos mensuales para mantener la fachada de empresa familiar, mientras los certificados de obra los cobra la firma INVERNES S.A., que cuenta con participación accionaría de la sociedad uruguaya SWINDELL, y a la que se sindica como propiedad del primer mandatario. También GOTTI formó una unión transitoria de empresas con Julio De Vido S.A., la misma quebró pero GOTTI, de la mano de Báez continúa ganando licitaciones en provinciales y nacionales. Recuérdese que Don Vittorio Gotti, con quien el entonces ocupante de la rosadita (como gustan llamar a la casa de gobierno santacruceña) mantenía importantes “negocios”, falleció de manera sospechosa en un accidente automovilístico en Chile, cuando una camioneta se le cruzó encerrándolo a su paso.

Lázaro Báez se encuentra relacionado con PALMA CONSTRUCCIONES, la segunda empresa, luego de GOTTI, en ganar licitaciones de obra pública en Santa Cruz. PALMA CONSTRUCCIONES es propiedad de Julio Diego Palleros (júnior), hijo del traficante de armas que se profuga y regresa en forma constante, según las necesidades del poder, para hacer declaraciones contradictorias en la causa armas. A su vez, Julio Diego Palleros (hijo) se encuentra relacionado familiarmente con Lázaro Báez (el hombre de consulta del Presidente Kirchner) ya que su esposa es Irene Báez, su hermana. Además los cuñados son socios en la empresa Difral S.R.L.

Julio Palleros además tiene una unión transitoria de empresas SACM PALMA S.A.(CUIT 30-70731921-2), que es UTE entre PALMA S.A. (30-61866533-6) y PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES (CUIT 30-50127388-7), es decir Enrique Eskenazi (a) “Don Enrique”, DNI 3171746.

Tanto Báez como De Vido se han visto favorecidos con suculentos contratos de obra concedidos a las firmas Austral Construcciones S.A. y Badeal S.A. En este rubro el máximo operador es el Secretario de Obras Públicas, el Ingeniero José Francisco López (a) “neolopecito”, en obvia alusión a la figura de José López Rega. López es impulsor de la candidatura a la gobernación de Santa Cruz de su jefe, con la intención de ocupar su sillón, en la interna “pingüinera”.

Báez mantiene una sociedad con Sergio Gotti denominada Austral Construcciones S.A.

El ingeniero José Francisco López es un tucumano, nacido en 1961, goza de una excelente relación con el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Enrique Wagner (a) el alemán, quien a su vez es propietario de la empresa de construcción ESUCO y con el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), ex ultramenemista, Gerardo Palacios (a) “la porota”.

El Secretario López tiene “un valijero”: el contador Andrés Galera, quien opera en oficinas sitas en la calle Tucumán al 100, encargado de recorrer las empresas beneficiarias de los certificados de obra otorgados por el Ministerio de Planificación Federal. En este orden de ideas es importante recordar que al momento de conceder el certificado de obra se adelanta entre un 15 y un 20% del subsidio, el que es íntegramente restituido a las arcas de “la corona” a partir de la recorrida del contador Galera. Otra forma de recaudar es la que llevarían a cabo los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “haciendo la vista gorda” del IVA que debieran tributar los constructores beneficiarios del denominado “círculo de la felicidad” entre los que se encuentran los mencionados miembros de la CAC y los de Cámara de Viviendas de la República Argentina (CAVERA), todo ello con el consentimiento del titular del Organismo Recaudador, Alberto Abad, quien fuera oportunamente “disciplinado” por el súper ministro De Vido. Los “aportes” procedentes de la AFIP serían del orden del 3% del monto del IVA no recaudado, a partir de la omisión de los controles de los inspectores del fisco.

Con relación al llamado contador Andrés Galera, un ferviente racinguista, nacido el 14 de Octubre de 1954, argentino, de estado civil divorciado de Ana María Romero, se encuentra identificado con el DNI 11.506202 (triplicado) y registrado ante el fisco bajo la CUIT 20-11506202-7, siendo su actividad principal declarada servicios de contabilidad y la secundaria, servicios de publicidad y actividades no clasificadas.

Galera fijó su domicilio fiscal en Tucumán 141 Piso 7 (del cual se mudara recientemente), Departamento “B” de la Ciudad de Buenos Aires, siendo sus teléfonos: 4312-4367 y 4312-4387. Asimismo, establece como domicilio alternativo los sitos en Hipólito Yrigoyen 1062 y Guido 2075, ambos de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, siendo sus teléfonos el (0223) 495-2609 y el (0223) 486-0831, respectivamente. De la búsqueda en fuentes abiertas surgen pertenencias telefónicas a su nombre, también, en el domicilio sito en Gral. Martín Miguel de Güemes 3428 de Mar del Plata, (0223) 451-6466.

Se encuentra inscripto ante el Fisco en los siguientes impuestos: Ganancias, Seguridad Social Empleador, Seguridad Social Autónomo e IVA. También se actuó en el comercio exterior entre 1995 y 1999.

En materia de comportamiento financiero su situación es satisfactoria, operando con las siguientes entidades del mercado: American Express; Citibank NA, Dinners y Banco de la Nación Argentina.

Tiene participación en las siguientes sociedades:

· COMPRA VIDEO COM S.A. IMAGE ENTERTAIMENT S.A.

El objeto societario es comercialización, importación y exportación de productos y subproductos relacionados con medios audiovisuales, de comunicaciones, de computación, Internet, telefonía, correo electrónico, etc.

El domicilio social esta fijado estatutariamente en Tucumán 141 6to. “B” y 9no. “V” de esta Ciudad de Buenos Aires.

Se encuentra inscripta ante el fisco bajo la CUIT 30-70748505-8

El directorio está compuesto por Andrés Enrique Galera (Presidente); Dardo Benjamín Ferrari; Máximo Miniati y Jorge Emilio Leupuscek (Directores).

· HOWLER S.A.

El Directorio está conformado con los siguientes miembros: Presidente, Andrés Enrique Galera y Director Jorge Emilio Leupuscek.

· WILLER S.A.

El Directorio lo conforman: Andrés Enrique Galera (Presidente) y Raúl Ángel Delprato (Director)

· T-MAIL S.A.

El objeto social es comercialización, importación y exportación de desarrollos informáticos y asesoramiento empresarial en la materia; comunicaciones y telecomunicaciones.

El domicilio social se fija en Tucumán 141, Piso 9 “V” de la Ciudad de Buenos Aires.

El Directorio se encuentra conformado por Andrés Enrique Galera (Presidente) y Dante Ismael Coria (Director).

· ODILA S.A.

El Directorio se encuentra conformado por Ismael Francisco Javier Basualdo (Presidente) y Andrés Enrique Galera (Director)

· LEXITON S.A.

El Directorio se encuentra conformado por Sandra Giselle Martín, norteamericana, (Presidente) y Andrés Enrique Galera (Director)

· DOCUMENT ASISTANCE S.A.

El Directorio se encuentra conformado por Andrés Enrique Galera (Presidente) y Lina Helga Stern (Director)

· TRANSMARPLA S.A.

El Directorio se encuentra conformado por Antonio José Cadenas (Presidente) y Andrés Enrique Galera (Director).

· DYNLUX S.A.

El Directorio se encuentra conformado por Tomas Manuel Heredia (Presidente) y Andrés Enrique Galera (Director).

El contador Galera tiene registradas las siguientes marcas: Compravideo.com; dolarsi.com; Howler.com; independiente.com; mercadocomunitario.com; naftacard y Prodetel.

A esta altura es importante destacar que el presupuesto asignado al Secretario de Obras Públicas creció en el 2006 respecto de los 7.000 millones de pesos del 2005, en un 20%.

Cabe recordar la pugna suscitada entre De Vido y el ex Ministro de Economía, Roberto Lavagna, cuando el primero le enrostro el curso de su política económica, mientras que la replica fue enrostrarle la “los sobreprecios” de la obra pública. La discusión fue utilizada por Lavagna para retirarse del gobierno para no quedar pegado a la suma de actividades ilícitas que se ven reflejada diariamente en el comportamiento de estos funcionarios, con la cobertura de un poder judicial autista y un legislativo dominado por los sobornos.

La concentración de la obra pública en los grupos económicos “amigos” es una realidad. Allí encontramos a GOTTI S.A., CONTRERA HNOS, EQUIMAC, KANK Y COSTILLA, ESUCO y PETERSEN THIELE Y CRUZ..

En idéntico sentido se puede apreciar la cartelización en materia de construcción de viviendas, donde los principales actores vuelven a ser GOTTI S.A., ESUCO y JUAN FELIPE GANCEDO S.R.L.. En este caso se advierten las siguientes irregularidades:

Ø Los valores del m2 son llamativamente mayores a los que imperan en provincias de la región, léase por tales Chubut y Tierra del Fuego. En santa Cruz el valor es de $ 1.900, guarismo este que supera los valores promedio entre un 50 y un 25 %, respectivamente.

Ø Las ofertas adjudicadas oscilan entre el 15 y el 20% más del valor presupuestado de la obra.

Ø El proceso de cartelización se puede apreciar a partir del grado de concentración económica y las relaciones entre las adjudicatarias, su alternancia en las adjudicaciones, la escasa diferencia de las cotizaciones y naturalmente los sobreprecios, cuyo fin último es el valor del soborno de los funcionarios actuantes.

Ø Varias empresas, tal el caso de KANK Y COSTILLA fue penalmente denunciada por la AFIP de Comodoro Rivadavia por el delito de evasión impositiva, facturas y sellos apócrifos que posibilitarían el lavado de dinero y el pago de sobornos. En dicha causa aparece un accionista mencionando al Ministro Julio Miguel De Vido con “facilitador” de los procesos licitatorios, por los cuales cobraría una comisión de $ 80.000. Sin embargo la justicia no investigo el hecho, sobreseyendo a los denunciados, casualmente en forma simultanea con el avenimiento al gobierno nacional de Néstor Kirchner. El argumento jurídico utilizado por esta justicia funcional al poder fue que no pudo constatarse el pago de la suma del cohecho.

En este entretejido que se vislumbra no puede sino verse como las relaciones de poder a nivel nacional se reflejan en lo provincial. Así se puede afirmar que Néstor Kirchner maneja la Nación como su propia Santa Cruz y viceversa. A merito de lo expuesto se trae a colación el hecho que en el marco de la causa iniciada por la AFIP – ya comentada – respecto de la firma constructora KANK Y COSTILLA, en un allanamiento realizado se encuentra documentación que vincula a Oscar Azpillaga y su hijo Hernán como artífices de la falsificación de facturas y sellos. La AFIP informa que Hernán Azpillaga, luego de la citada diligencia judicial comienza a ser declarado como empleado de la firma CASINO CLUB S.A., propiedad del empresario Cristóbal Manuel López. La Directora de Miriam Costilla es la esposa de Ricardo Benedicto, Vicepresidente de Casino Club. Además la familia Azpillaga tiene relación con la empresa pesquera CONARPESA S.A. donde Ernesto Azpillaga es gerente.

Hay otros como Carlos Alberto Algorry, ex gerente del grupo GOTTI, quien por sus habilidades fue, a instancias de Lázaro Báez, nombrado en Vialidad Nacional en el distrito del Noroeste. Recordemos que Vialidad Nacional es coto de Nelson Periotti, puntero de Rudy Ulloa, al que muchos consideran un socio del Presidente.

q Enrique Eskenazi, el banquero amigo del Presidente

En 1918 se constituye la sociedad colectiva “Petersen Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros”. En 1941 adopta la forma de sociedad anónima. El grupo Eskenazi es el propietario de dicha firma, a cuya cabeza se encuentra “Don Enrique”, para quien no hay puertas que golpear, ni pedidos de audiencia a la hora de hablar con el Presidente.

Eskenazi es titular del paquete mayoritario del Banco de San Juan, adquirido por “licitación” gracias a su amistad con los ex ministros del menemismo Carlos Vladimiro Corach y Elías Jassan y del Banco de Santa Cruz S.A., además de ser su operador financiero. También en los ´90 sumó al Banco de Santa Fe. Lo que le posibilitaba el manejo de $ 2.100 millones en depósitos en puntos estratégicos de la República Argentina.

En los tiempos en que el Banco de Santa Cruz era gestionado por la provincia, se daban créditos en forma indiscriminada, teniendo una cartera de incobrables muy abultada. En esta operatoria crediticia participaba Lázaro Báez.

Con la llegada de Eskenazi al banco patagónico, se redujo la plantilla de personal en un centenar y se aportaron U$S 100 millones, obteniendo como contraprestación de manos de la provincia una clientela cautiva en los empleados de la administración pública y sus cuentas sueldo.

Enrique Eskenazi es un octogenario que combina los negocios financieros con los inmobiliarios a través de la constructora de su grupo, localizándose los mismos en Mendoza, San Juan y Santa Cruz. Antes de adquirir Petersen Thiele & Cruz, “Don Enrique” era un alto ejecutivo del grupo Bunge & Born. Su larga trayectoria en el grupo B&B le permitió a Eskenazi conocer el negocio de los comodities, lo que sumado a su habilidad para encontrar nichos financieros lo hacía un verdadero banquero con una visión muy acertada del comercio exterior, aún más después de la devaluación de 2002. Su oportunidad llegó con la caída del grupo Rohm, principal accionista del Banco de Santa Fe. El negocio fue más que redituable ya que dicho banco concentra la cartera de más del 75 % de los exportadores del país.

Su relación con Kirchner data de 1996, cuando se interesara por la licitación del Banco de Santa Cruz.

Eskenazi desde su posición de banquero del presidente logra captar los negocios de tres regiones sumamente ricas del país, ya sea por su proyección geopolítica como por la cartera de negocios que acumula en cada uno de las entidades que administra.


q Claudio Uberti

Claudio Uberti merece un párrafo aparte. El Director Ejecutivo Claudio Uberti como hombre incondicional de Rudy Ulloa Igor, maneja “la caja” del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) , fundamental a la hora de recoger, mensualmente, “el producido” de los concesionarios viales en materia de peajes. Uberti es un protegido de Julio De Vido, a punto tal que propició su designación como embajador argentino ante la República Bolivariana de Venezuela, por su buena relación con Chávez. Hasta el momento este pedido no encontró el placet en el gobierno venezolano, quien luego de la partida de la actual Ministra de Defensa, Nilda Garre, prefería a la diputada disidente y representante del gremio de aeronavegantes, Alicia Castro, una vocera y acérrima defensora del movimiento bolivariano en todas y cada una de sus apariciones públicas.

Claudio Uberti, se encuentra identificado con el DNI 13.178.794 (triplicado) e inscripto ante el Fisco bajo la CUIT 20-13178794-5. Su domicilio fiscal se encuentra establecido en Pasteur 1025 de la localidad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Su actividad declarada es servicios no clasificados. Opera con las siguientes instituciones del sistema financiero: Banco Hipotecario, Banco Galicia y el Banco Patagonia. Respecto de este último su situación es catalogada de irrecuperable.

Fuera de la órbita de De Vido, pero con línea directa al Presidente, se encuentra otro incondicional de Rudy Ulloa Igor, Ricardo Echegaray. El Director General de Aduanas, luego de la reestructuración llevada a cabo en el organismo, impulsa a hombres próximos, y por ende a Ulloa, en sectores sensibles de la “recaudación” como lo es Verificación, Gestión de Riesgo, Investigaciones, Legal y Técnica además de favorecer con la entrega de la mercadería de rezagos a las avanzadas proselitistas de los distintos popes del proyecto Kirchner 2007.

q Ricardo Jaime – Ricardo Cirielli

Ricardo Raúl Jaime, DNI 11.562.171 (duplicado) inscripto ante el Fisco bajo la CUIT 20-11562171-9, con domicilio fiscal en Cerrito 1518 Piso 8 de Capital Federal y alternativo en H. Martínez 48 de la Ciudad de Córdoba, declara como actividad principal servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y restantes servicios sociales.

Posee cuentas en las siguientes instituciones del sistema financiero: Galicia, American Express y Macro Bansud, con nivel de cumplimiento satisfactorio.

Integró el Directorio de Aerolíneas Argentinas en 2003 bajo la presidencia de Horacio Fargosi y la Vicepresidente de Antonio Mata Ramayo, este último perteneciente al Grupo Marsans.

Ricardo Jaime (a) “el Señor de los Subsidios”, ocupa dentro del esquema de “la caja” la estratégica Secretaría de Transporte. Desde allí maneja más de 2.000 millones de pesos para subsidios que concede graciosamente a genuflexos y prebendarios empresarios. De esos 2.000 millones, 280 millones son destinados a subsidiar el Belgrano Cargas.

Ricardo Jaime tiene sus dos “valijeros”: su propio padre y una persona de nombre Manuel Vázquez, relacionado con el ferrocarril de cargas propiedad de un grupo brasileño ALL. Vázquez fue empleado del grupo Bunge & Born. Actualmente es el representante de la compañía de origen chino que, junto con Franco Macri, Benito Roggio y Gabriel Romero persiguen la licitación del Belgrano Cargas. La realidad es que la empresa china no existe, sino que es una pantalla de Ricardo Jaime para ser socio del nuevo emprendimiento. También hay una parte del mismo para los sindicatos de La Fraternidad (Murature) Unión Ferroviaria (Pedraza) y Camioneros (Hugo Moyano y su hijo, Pablo).

En materia de subsidios al auto transporte de pasajeros Ricardo Jaime entrega actualmente $ 70 millones mensuales. Esta cifra se incrementará en $ 30 millones, más redondeando la friolera de $ 100 millones mensuales para sufragar salarios. El año pasado la suma de subsidios que otorgaba al sector era de $ 57 millones mensuales.

Siguiendo con lo mejor que sabe hacer Ricardo Jaime: entregar subsidios, se prevé la uno para la electrificación del ferrocarril METROPOLITANO. El monto sería del orden de los $ 2.000 millones y el costo real estimado de la obra sería de $ 1.500, es decir que queda una diferencia de $ 500 millones de retorno para la caja a lo que hay que adicionar el 15 % de “comisión” el total del subsidio concedido, operatoria usual en el gerenciamiento del Secretario de Transporte de la Nación.

El Secretario de Transportes de la Nación, el Ingeniero Agrónomo Ricardo Jaime, se encuentra sumamente comprometido en los hechos que generaron el contrabando de drogas al Reino de España a través de la aerolínea SW, propiedad de los Maggio. Los subsidios entregados sin ningún tipo de fundamentación, su relación personal con los propietarios de la aerolínea y la misma causa judicial, de donde surge palmariamente una cadena de complicidades construidas desde el Gobierno Nacional. No resulta suficiente la deficiente y antojadiza actuación del primer Juez de la causa, Carlos Liporace, quien fuera destituido por el Consejo de la Magistratura, luego de la denuncia formulada por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, entre cuyos fundamentos se encontraba no sólo el mal desempeño en el decurso de la investigación, sino también el favoritismo puesto de manifiesto respecto de los dueños de la Aerolínea y su negativa a llevar la pesquisa hacía arriba.

Tampoco son suficiente los ingentes esfuerzos en el continuismo de su sucesor, el Juez Bernardo Vidal Durand, cuando de las mismas declaraciones del principal imputado en la causa, Walter Beltrame, hijo del ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, el Comodoro Alberto Beltrame, se desprende la responsabilidad en el envío de la droga de Jaime. Como dato relevante y sugestivo, cuando la declaración se dirigía hacía los máximos niveles del poder, abruptamente se pasa a un cuarto intermedio, a cuyo regreso (y por esas razones inexplicables) Walter Beltrame decide dejar de declarar. En el mismo sentido, la intervención de Ricardo Echegaray, Director de Aduana, desvirtuando los hechos y con la ayuda de la Secretaría de Inteligencia, intentan cambiar la marcha de la investigación olvidando la conexión en la Embajada Argentina en el Reino de España a cargo de Carlos Bettini y quien lo secunda, un inorgánico de la SI, Carlos Duhalde, hermano del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y tío de Mariano Duhalde, ex Subdirector General de Legal y Técnica en Aduana y verdadero hombre fuerte en la gestión de José “Pepe” Sbatella al frente del Organismo de Control, quien es mencionado – aún en la actualidad cuando está fuera de la estructura y se refugia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires – como el interlocutor valido para “hacer negocios” en Aduana.

SW es un caso emblemático de la corrupción de la administración Kirchner. A continuación algunos datos que servirán para explicar, aunque sea minimamente, la compleja madeja de complicidades, tráfico de influencias y narcotráfico que invade a este gobierno.

Los números de SW no cerraban para su continuidad, más allá de ser utilizada oportunamente para “solucionar” el conflicto de LAFSA. Jaime ha defendido a ultranza la cuestionada ruta Córdoba - Tacna (Perú). Ricardo Jaime se reúne, frecuentemente, con un socio político del Ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien le traspasó “el coto de la droga” en el municipio de Quilmes, cuando paso a integrar el gabinete de Kirchner, Jorge Razzetto, presidente del club Quilmes. No es casual el hecho que estos tres personajes (Jaime, Fernández y Razzetto) formen parte de una sociedad denominada Agustino, que administra el fondo de comercio del bar “Mala Cara”, sito en Marcelo T. de Alvear al 1500 de esta Ciudad de Buenos Aires, donde habitualmente mantienen largas tertulias. En dicho lugar hace meses se llevó adelante un allanamiento por parte de la Policía Federal en el marco de una causa por drogas, el que fue “suspendido” de manera abrupta.

Otro conflicto que se avecina es con el grupo Marsans. La intención de Néstor Kirchner a través de sus adlátere el ministro De Vido y el Secretario Jaime, este último con el fluctuante gremialista – funcionario (Subsecretario de Transporte Aerocomercial) Ricardo Alberto Cirielli, pretenden apoderarse de Aerolíneas Argentinas hasta ahora en manos del grupo español. En este conflicto va a terciar el gobierno de Rodríguez Zapatero, puesto que están involucrados los intereses españoles.

Desde el año 2002 el Estado Nacional viene impugnando los estados contables de Aerolíneas Argentinas mediante la interposición de medidas cautelares en la justicia. Recientemente el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 15, a cargo de la Dra. Nora Beatriz Di Noto, Secretaría Nro. 29 de la Dra. Alejandra Noemí Tevez, de esta Ciudad de Buenos Aires, no hizo lugar a la medida cautelar incoada por el Estado Nacional en el marco del expediente Nro. 92.412, respecto de los balances de la empresa al 1 de Diciembre de 2004, bajo el argumento que la medida solicitada carece de “...contenido concreto y urgente”.

El objeto de las impugnaciones radicaba en la nulidad de las Asambleas que aprobaban la capitalización de pérdidas, acumuladas por gestiones anteriores al ingreso del grupo Marsans. Agregaba el representante del Estado Nacional que las razones para impugnar se basaban en el aumento doloso de los pasivos empresarios, al incluirse en los balances de Aerolíneas Argentinas deudas que ya habían sido canceladas por el Grupo Marsans con fondos del estado español.

La composición del capital accionario de Aerolíneas Argentinas es 98.3 % Interinvest (Marsans); 0,5% PPP (Propiedad Participada del Personal) y 1,2% (Estado Nacional).

Cirielli, que proviene de uno de los gremios aeronáuticos (la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico – APTA), fue Subsecretario de Transporte Aerocomercial del gobierno de Menem, ejerce actualmente el mismo cargo bajo la administración K.

La idea maquiavélica del presidente Kirchner es producir una situación de ahogo financiero de Aerolíneas Argentinas de forma tal que el Grupo Marsans se la entregue, sin tener que indemnizarlo por un eventual proceso de re estatización.

En 2003 Kirchner se reunió con Antonio Mata, pope del grupo Marsans y este le explico que la falta de aprobación de los balances impedía la búsqueda de financiamiento para el proceso de inversión proyectado. Dichos balances contaban con la aprobación de la firma Price Waterhouse Coopers. Kirchner encomendó a De Vido solucionar el problema pero nada sucedió. A esto también le sucedió una oleada de huelgas salvajes impulsadas por los gremialistas del sector, dentro de una llamativa pasividad del Ministerio de Trabajo, cuando era de aplicación las sanciones previstas en la Ley de Asociaciones Profesionales. Las demandas de los huelguistas siempre fueron distintas, reclamando recomposiciones saláriales desmedidas que provocarían la quiebra de la empresa.

El quebranto de Aerolíneas Argentinas es de aproximadamente U$S 12 millones. Dicha situación hace inviable cualquier línea de crédito ya que el riesgo de la empresa encarece la tasa de interés.

Desde el gobierno se apunta a seguir presionando pero ya es un secreto a voces que lo que se persigue es la entrega de Marsans, generando la re estatización, para continuar con la línea de acción que implementaron con SW. Por su parte Mata impulsa a generar un proceso de crecimiento de Austral que es limitado por el Estado Nacional ya que Ricardo Jaime mediante Resolución 854/04 rechazó la prorroga solicitada para cinco rutas.

Durante la gestión Jaime – Cirielli dejaron de volar LAPA; DINAR; AEROVIP; AMERICAN FALCON y SW. Se creó LAFSA, con los restos de LAPA y DINAR pero sin aviones ni rutas. Todo un record.

Bajo estos parámetros Aerolíneas Argentinas bajo la actual conducción no podrá cumplir con el plan de inversión del orden de los U$S 600 millones previstos hasta el 2007, con lo cual Kirchner estaría en condiciones de redoblar su apuesta estatizadora, tal como lo viene haciendo con otros servicios caso Aguas Argentinas.

El gobierno español está muy interesado en el tema y evita el conflicto diplomático, sin embargo el Canciller Moratinos mantiene estrechos contactos con Antonio Mata. Esta es una de las razones por las cuales el presidente Kirchner no ha regresado a España como tenía previsto hacerlo en el primer trimestre del corriente año. Pero esto parece haberse superado de la noche a la mañana, ya que con el retiro de Antonio Mata de la conducción del grupo Marsans y la cesión de una parte del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas al Estado Nacional, léase Jaime testaferro de Kirchner, se dio inmediata aprobación a los balances y se proyectan inversiones. Evidentemente el Señor K necesita de una aerolínea que siga sacando sus dividendos al exterior, vía Madrid con destino Andorra o Luxemburgo.

q Claudio Cirigliano

Un caso particular es el del empresario Claudio Cirigliano, fanático del fútbol y más precisamente de Vélez Sarfield, cabeza del Grupo Plaza, comenzó mal su relación con el gobierno de Néstor Kirchner, tal vez por su pasado “menemista” y los negocios que consiguieron a expensas de las prebendas del estado en la década del 90. Su crecimiento geométrico se debió a su singular habilidad para la obtención de recursos a través de subsidios y los consiguientes retornos con que se beneficiaron los gobiernos de turno.

Sus orígenes, humildes por cierto, se remontan a oficiar, junto a su hermano Mario, como mecánicos de los colectivos que su padre, primero como chofer y luego como empresario, adquirió después de su llegada al país en 1949.

Claudio Cirigliano recorrió links al lado del ex presidente Carlos Menem, primero y así participó de numerosos comitivas oficiales al exterior. Dicha actitud frente al poder de turno le posibilitó ganar la confianza de los funcionarios al punto tal que la firma de la concesión de TBA, en 1994, fue cerrada a bordo de una embarcación de la Armada Argentina, con Menem de pesca y adonde llegó el ministro Cavallo a bordo de un helicóptero trayendo el expediente, aún en contra de la posición de la Comisión Bicameral de Seguimiento. Aquel documento le concedía a Cirigliano el manejo de unos 70 millones de pesos – dólares a lo largo de diez años. Como contraprestación el empresario debía comprometerse a reacondicionar 219 coches del Ferrocarril Sarmiento y 143 del Mitre. En la liquidación de gastos TBA hizo figurar sobreprecios del orden de más de 30 veces los que realmente se pagaban. Silencio de los organismos de control. También participa de la sociedad que administra la empresa de subtes de Río de Janeiro, “Opportrans Concessao Metroviaria”

Continuando con el proceso de fagocitación y de concentración del mercado del autotransporte, COMETRANS (un consorcio conformado más de veinte pequeñas y medianas empresas de pasajeros) paso a control de Cirigliano. Simultáneamente, se apropiaba del 40% de Metrovías (Ferrocarril Urquiza y subtes) y avanzaba sobre el mercado asegurador quedándose con LUA (La Uruguaya Argentina Compañía de Seguros), la que asociada con el fondo Century, se quedó con la compañía de seguros Omega. LUA se convirtió en la aseguradora de sus propias empresas y de sus competidoras. En aquellos tiempos contó con el apoyo logístico del entonces Superintendente de Seguros de la Nación, “el cavallista” Alberto Fernández actual “kirchnerista” Jefe de Gabinete.

Originariamente la familia Cirigliano estaba vinculada al negocio del auto transporte de pasajeros, pasando de ser una empresa familiar a controlar la concesionaria TBA, interviniendo en rubros tales como el seguro y la construcción del material para ser utilizado en el transporte (vagones y minibuses). Desde ese trampolín de mediana empresa cooptó otras empresas de transporte de pasajeros.

Con el cambio de gobierno y la post devaluación, el advenimiento de Kirchner lo transformó a un empresario afín a frecuentar a los nuevos funcionarios. Con el grupo, y bajo el formato de TECNOLOGÍA AVANZADA DEL TRANSPORTE (TATSA) se convirtió en fabricante de colectivos, con EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS (EMFERSA) en fabricante de vagones de dos pisos y con “Baires Comercial” completa la trilogía en cuanto esta última se encuentra abocada a la oferta de productos y comercialización de 2.200 m2 de locales en estaciones de ferrocarril.

En 2005, el Grupo Cirigliano facturó más de $ 112 millones, emplea a 1.800 personas. Como accionista de COMETRANS informa que facturó, en el mismo período, $ 430 millones y emplea 5.200 personas.

Su audacia y la cercanía a Kirchner y su Secretario de Transportes, Jaime, lo llevo a una intentar comprar la empresa de aeronavegación Southern Winds, propiedad de la familia Maggio. Para tal cometido pretendía ingresar al mercado de la aeronavegación, a partir del escándalo del contrabando de drogas al Reino de España, creando la empresa SAFE FLIGHT. La empresa Southern Winds tiene un fuerte nivel de endeudamiento, al punto tal contar con un solo avión y con una superpoblación de empleados (900) cuyos sueldos no se sabe quien los paga, ya que Jaime anunció, reiteradamente, la cancelación de los fuertes subsidios que les otorgaban. La operación para la compra de Southern Winds, tras el frustrado operativo de Martín Varsavsky (aquel benefactor amigo de Aito y Antonito De La Rua y propulsor del portal Educ.ar), se basaba en un crédito de 150 millones de pesos concedidos por el Banco Nación Argentina, creándose un fideicomiso. Los incidentes acaecidos en la estación de Haedo que provocaron la destrucción de una formación y de la misma estación de trenes, dejo en stand by el curso de la operación, pareciendo signada al fracaso. Para incursionar en este terreno Cirigliano había constituido una sociedad bajo la denominación de Parque Inversiones, por el riesgo de la maniobra que estaba en curso.

El grupo Cirigliano y SW había firmado un acuerdo de asesoramiento y gestión financiera que se tradujo en asistencia para el pago de sueldos y otros gastos. Su intención era manejar el mercado de cabotaje con vuelos desde el Aeroparque Jorge Newbery: a Salta, Córdoba, Neuquen y Bariloche, con una frecuencia de cinco vuelos semanales a cada ciudad.

En materia de autotransporte (colectivos y trenes) existen monopolios naturales y regulados, para ello las relaciones con las autoridades regulatorias es clave. Cirigliano es un ducho en el arte de las relaciones con el poder, pasando del más recalcitrante menemismo a una relación de excelencia con Ricardo Jaime.

En este sentido, y fiel a sus costumbres, Jaime es un factor invalorable a la hora de gestionar subsidios: Trenes de Buenos Aires ha recibido $ 48 millones en concepto de “explotación y compensación tarifaria” a los que a mediados de 2005, la Jefatura de Gabinete de Ministros – superpoderes mediante – le sumó otros $ 31 millones. Sin embargo en TBA se menciona que con esos casi $ 80 millones anuales, sólo cubren el 45% de los costos. Cirigliano insiste en su predica pero cumple con el gobierno nacional, manteniendo el boleto a $ 0,50. Ello sin perjuicio del mal servicio y las condiciones infrahumanas en las que se desplaza el pasaje, a excepción del ramal Puerto Madero – Castelar, de carácter diferencial.

Bajo el gobierno de Kirchner, con De Vido en el Ministerio de Planificación y Jaime en Transportes, se gastan más de U$S 1.5 dos millones diarios en subsidios a los ferrocarriles, los que no son volcados a ningún plan de inversión, sino sólo a sostener el precio del pasaje y a beneficiar el régimen de retornos.

El doble discurso del keynesianismo prebendario, castiga por un lado con filípicas desde el Salón Blanco a los empresarios (“patria contratista” y “patria financiera”) mientras que por otro los asocia en sus negocios “non sanctos”, subsidiándolos.

Un tema urticante: Los Fideicomisos Públicos

Un rápido y breve análisis del tema de los fideicomisos públicos nos lleva a una contundente conclusión. Bajo el esquema descripto de componendas y corrupción los fondos fideicomitidos constituyen un agujero negro.

Téngase presente que el marco normativo de los fideicomisos lo brinda la Ley 24.441, la que se refiere a fideicomisos privados, no contemplándose los públicos. Ante el vacío legal debe aplicarse por analogía la norma citada.

En la Ley de Presupuesto 2006, de los 16 fondos incluidos, 8 los maneja el Ministerio de Economía (un apéndice de Planificación Federal) y 5 lo hace propiamente la cartera a cargo del ministro De Vido. Estos fondos involucran $ 4.178 millones (un 4,46% del total presupuestado) están bajo el control de la SIGEN y la AGN, sin embargo no se muestra como son utilizados.

La jurisdicción que más fondos tiene asignados en cuanto monto de gastos es Planificación Federal con $ 3.291 millones, siendo que el 94 % del gasto total presupuestado se concentra en cuatro fideicomisos públicos, los que se discriminan en:

ü Sistema de Infraestructura de Transporte: $ 1.936 millones
ü Desarrollo Provincial: $ 827 millones
ü Transporte Eléctrico Federal: $ 630 millones
ü Fondo de Infraestructura Hídrica: $531 millones

Es importante llamar la atención sobre este tópico puesto que es necesario que se tome debida conciencia de la necesidad de generar un sistema claro de control y rendimiento de cuentas de estos fondos, toda vez que no sólo se ha presentado un crecimiento del orden del 290% desde 2001 al presente, sino que cada vez son utilizados con mayor discrecionalidad por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta significativa porción del presupuesto nacional será manejaba y ejecutada al arbitrio de los personajes que ocuparan los acápites que anteceden y “auditados” por un organismo con intereses contrapuestos, razón por la cual lo que es menester considerar, ni más ni menos, es el cuidado de la “cosa pública”, es decir la RES-PUBLICA.

Deviene imprescindible exigir que en forma trimestral, como está dispuesto en la Constitución de la Nación Argentina, en oportunidad que el Jefe de Gabinete de Ministros se dirige al Congreso de la Nación, se dé cuenta de los destinos y utilización de dichos fondos. Como una consecuencia inevitable de dicha acción es necesario que el Congreso Nacional asuma el rol de control que le da la Carta Magna y solicite informes e interpele a los Ministros que tengan a su cargo la administración de los mismos.